En un alarde de obviedad que raya en el cinismo, este martes José Luis Vargas
Valdez fue “elegido” de botepronto, a puerta cerrada y en votación dividida como
nuevo presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).
¿Y por qué la crítica? Porque precisamente éste fue el magistrado que tuvo a su
cargo la ponencia que presentó el proyecto para negar definitivamente el registro
como partido político a México Libre, asunto en el que tenía especial interés “ya
saben quién”.
Esto sin duda solo viene a confirmar lo que ya era evidente desde hace tiempo: el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido cooptado por el
régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, que se lanzó a desestabilizarlo
no bien entraba en funciones, cuando se discutió la validez de la elección de
gobernador que confirmó el triunfo de la panista Martha Érika Alonso en el estado
de Puebla, quien a las pocas semanas moriría en un “accidente” al desplomarse el
helicóptero en que viajaba en condiciones que nunca han sido explicadas
satisfactoriamente por autoridad alguna.
Como se podrá recordar, en ese entonces hubo enormes presiones desde el
régimen lopezobradorista –desde todos los órdenes- para que el TEPJF, presidido
en aquel momento por la magistrada Janine Otálora, declarara nula la elección de
gobernador en Puebla, al grado que hubo una crisis interna en el órgano
jurisdiccional alentada, ¡oh casualidades de la política!, por el mismísimo José Luis
Vargas Valdez.
El magistrado de marras anunció en aquellos días –diciembre de 2018- que
presentaría denuncias por presuntas irregularidades en el ejercicio del
presupuesto en contra de Janine Otálora, a quien acusó de no garantizar la unidad
del pleno ni la “independencia” de sus integrantes luego de que su voto impidió la
anulación de la elección en Puebla. En el mes de enero de 2019, ella presentó su
renuncia como presidenta del Tribunal, aunque permaneció en su puesto como
magistrada.
La actuación parcial, sesgada y porril de José Luis Vargas Valdez en el caso
Puebla, aunada a que casi dos años después se le turnara a él la ponencia para
resolver contra el registro como partido de la organización que encabezan
Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón –a quien el actual inquilino de
Palacio Nacional odia con fervor-, estarían recibiendo su “premio” con la
presidencia del Tribunal Electoral federal. En política no hay casualidades.
Como dato adicional que también podría explicar muchas cosas, quien aparece
como secretario instructor de la oficina del nuevo presidente del TEPJF, pero de
facto funge como coordinador de su ponencia, es un abogado de nombre Roberto
Jiménez Reyes, quien en la ya lejana elección de gobernador de Veracruz de
2010 fue señalado como operador (“mapache”, pues) del entonces candidato del
PRI Javier Duarte de Ochoa.
Jiménez Reyes fue involucrado como parte del equipo de abogados que
comandaba Carlos Armando Biebrich –por encargo del entonces gobernador Fidel
Herrera Beltrán- que elaboró el proyecto de resolución con el que los magistrados
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz –como se llamaba
en esa época- validaron aquellos comicios.
Lo que resulta verdaderamente grave con miras al futuro inmediato, es que estas
acciones ponen de relieve que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, máxima autoridad en materia electoral del país y cuyas sentencias
son inatacables, desde ahora no garantiza en modo alguno que vaya a resolver
con imparcialidad y apegado estrictamente a derecho en los comicios que se
avecinan, en los que estará en juego la renovación de la Cámara de Diputados, de
capital importancia para la viabilidad del proyecto de la “4t”.
Y ya demostraron que ni siquiera les importa guardar las formas. Hasta los priistas
eran menos obvios que sus “primos”, los “diferentes”.
Que no son corruptos, solo son pen…
La respuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez al pliego de
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que detectó un posible
daño patrimonial por más de dos mil millones de pesos en la Cuenta Pública de
2019 es de antología: “tuvimos un atraso con lo de la pandemia en la entrega de
documentación que se refieren (sic) a esas observaciones. (…) Nosotros no
somos corruptos, vamos a entregar todo”.
El chiste se cuenta solo.
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